De los secretos de guerra y sus revelaciones en el

postconflicto peruano.

La otra cara de la memoria en los Andes

 

Valérie Robin Azevedo

 

Université Paris Cité – URMIS (Francia)

https://orcid.org/0000-0001-6883-0295
Recibido: 08-03-23

Aprobado: 31-05-23

doi: 10.46476/ra.v4i1.153

 

Resumen

Este artículo analiza la producción social de los silencios y los secretos relacionados al conflicto armado interno peruano (1980-2000) y las modalidades de sus develamientos, como parte de los procesos de memoria en el distrito de Ocros, en los Andes quechuas de Ayacucho. ¿En qué medida estos secretos nos adentran en las zonas grises de la guerra? Y ¿cómo su comprensión permite también eludir ciertos maniqueísmos simplistas en torno a los conflictos fratricidas? Buscamos entender aquí la dialéctica entre lo ocultado y lo revelado en el discurso público para poder «historizar» la violencia y entender el origen de ciertas masacres. Así alcanzaremos otros niveles de complejidad sobre el papel de los campesinos, más allá de los testimonios vertidos en el ámbito de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), en un contexto de implementación de políticas de reparaciones que formatean narrativas que reflejan un discurso normativo de victimización.

Palabras clave: postconflicto, secretos públicos, conflictos de tierras, víctima, Perú

 

Abstract

This article analyzes the social production of silences and secrets related to the Peruvian internal armed conflict (1980-2000) and the modalities of its disclosures, as part of memory processes in the Ocros district, in the Quechua-speaking Andes of Ayacucho. To what extent do these secrets take us into the gray areas of war? And how does an understanding enable the avoidance of a certain simplistic Manichaeism surrounding fratricidal conflicts? Here, our aim is to understand the dialectic between what is hidden and what is revealed in public discourse, in order to be able to “historicize” the violence and understand the origins of certain atrocities. In this way, the goal is to achieve different levels of complexity regarding the role of peasants, beyond the testimonies expressed in the context of the Truth and Reconciliation Commission (2003), and the implementation of reparations policies that produced narratives which reflected a normative victimization discourse.

Keywords: post-conflict, public secrets, land conflicts, victim, Peru.

 

Resumo

Este artigo analisa a produção social de silêncios e segredos relacionados ao conflito armado interno peruano (1980-2000) e as modalidades de sua revelação, como parte dos processos de memória no distrito de Ocros, nos Andes quíchuas de Ayacucho. Até que ponto esses segredos nos levam às zonas cinzentas da guerra? E como sua compreensão também nos permite evitar certos maniqueísmos simplistas em relação aos conflitos fratricidas? Aqui procuramos entender a dialética entre o que está oculto e o que é revelado no discurso público, a fim de “historizar” a violência e entender a origem de certos massacres. Dessa forma, alcançaremos outros níveis de complexidade sobre o papel dos camponeses, além dos testemunhos dados no contexto da Comissão da Verdade e Reconciliação (2003), em um contexto de implementação de políticas de reparação que moldam narrativas que refletem um discurso normativo de vitimização.

Palavras-chave: pós-conflito, segredos públicos, conflitos de terra, vítima, Peru.

 

Este artículo ofrece algunas pistas de reflexión sobre la elaboración de los silencios y los secretos relacionados al conflicto armado interno peruano (1980-2000) y las modalidades de sus develamientos como parte de los procesos de memoria en los Andes quechuas de Ayacucho. Buscamos entender en qué medida la dialéctica entre lo ocultado y lo revelado en el discurso público nos permite «historizar» la violencia y acceder a otros niveles de comprensión y complejidad sobre el papel de los campesinos durante la guerra, más allá de los testimonios vertidos en el ámbito de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) al finalizar el conflicto armado; es decir, en un contexto de implementación de políticas de justicia transicional que formatean una producción memorial que refleja un discurso normativo de victimización. Nuestra investigación se inscribe en el marco de los recientes trabajos en ciencias sociales, principalmente historia y antropología, que buscan entender las raíces de la violencia en los Andes rurales peruanos, así como sus reconfiguraciones durante el conflicto armado y en sus postrimerías. Realizados en su mayoría en el contexto de la CVR y en los años siguientes, estos estudios etnográficos e historiográficos se basan en largas estadías de campo y/o pesquisas en los archivos regionales y nacionales (véase Aroni, 2020; Caro Cárdenas, 2021; Cóndor y Pereyra, 2015; Del Pino, 2017; Del Pino y Yezer, 2013; Delacroix, 2016; González, 2011; Heilman, 2018; Rénique, 2016; Robin Azevedo, 2014 y 2020; Theidon, 2004, 2011; Ulfe y Sabogal, 2021). Los datos que siguen provienen de mis investigaciones etnográficas en el distrito de Ocros, al sur de Huamanga (Ayacucho), una zona azotada por la violencia política que provocó cientos de muertos y desaparecidos y donde se conformó una de las rondas campesinas contrasubversivas ayacuchanas más importantes y controvertidas en la lucha (para)estatal contra Sendero Luminoso. Los datos también se basan en la revisión de la prensa nacional de los años 1980, y sobre todo en la revisión de los archivos comunales de Ocros, de los archivos de Comunidades Campesinas del Ministerio de Agricultura y de los archivos regionales del Instituto Nacional de Cultura de la ciudad de Ayacucho, así como de la Defensoría del Pueblo de Lima, donde se encuentra la totalidad de los testimonios recogidos por la CVR.1

 

Como apuntó Ponciano del Pino (2017), a partir de los años noventa la mayoría de las narraciones andinas sobre el conflicto armado interno, especialmente en los pueblos donde se han establecido con fuerza rondas campesinas, ponen de relieve tres elementos estándar que se repiten de modo recurrente: la unidad de la comunidad, la imagen de Sendero Luminoso como figura de alteridad absoluta y el sentido de pertenencia a la nación. De allí que el silencio no deba ser apreciado solo desde la perspectiva de la ausencia o del vacío que habría que necesariamente dar a ver en los relatos para poder exhibir un pasado completo. El silencio también debe entenderse como parte de las narrativas mismas. Esto explica que el silencio en torno a ciertos acontecimientos violentos de esta época puede ser deliberado, incluso después de la guerra. Y no todos los silencios son necesariamente del mismo orden. De hecho, existen verdades sobre el conflicto armado que deben permanecer excluidas del espacio público, ocultas al escrutinio exterior, especialmente en ciertas ocasiones, como ocurrió en el pueblo de Ocros (Ayacucho) con la llegada del personal con mandato de la CVR en 2002. Cuando la colectividad se ve directamente involucrada en situaciones ambiguas o inconfesables y se ve, por lo tanto, amenazada en su conjunto por la posible divulgación de esa información, el silencio puede devenir en un secreto compartido por el grupo aludido.

Entonces, se hace necesario eliminar estas «verdades ocultas» (González, 2011, p. 84), vergonzosas o comprometedoras, lo que implica que el silencio y el secreto han devenido en hechos aceptados y compartidos que nadie debe cuestionar, al menos no en voz alta y clara. Estos secretos son conocidos por todos, pero su contenido, como forma de conocimiento social (Taussig, 2010), debe permanecer oculto para los que no pertenecen al grupo. Sin embargo, en situaciones de crisis interna, los acuerdos tácitos pueden agrietarse y producir deslices verbales. Se ocasiona entonces el fenómeno, calificado por András Zempléni (1996) como la «secreción» de los secretos, a través de la diseminación de fragmentos de información y la exposición, involuntaria o controlada, de elementos parciales de esos secretos, sin revelarlos totalmente. El develamiento del secreto, a través de su divulgación pública, conduce a priori a su propia abolición. Sin embargo, nos dice este autor, en las sociedades de pequeño tamaño y de conocimiento mutuo generalizado —como las comunidades campesinas andinas—, la discreción que rodea a la divulgación de los secretos públicos es puesta como condición fundamental para la vida en común. Además, Jean Jamin (1977) ha especificado que «no se define “cualquier cosa” como un secreto». La necesidad impuesta de callar y saber callar mantiene una solidaridad orgánica muy fuerte entre los miembros de la comunidad, una especie de «consenso en negativo». Es esta obligación tácita la que «hace existir socialmente el secreto» a través de todo un sistema de derechos de expresión y deberes de retención. Incluso podría decirse que el secreto acaba por constituir la propia comunidad, en el sentido de que el secreto compartido traza el límite entre «nosotros» y «los otros».

Olga González (2011) y Ponciano del Pino (2017) se interesaron por la producción social del silencio y los secretos como contrapartida de los relatos sobre la guerra, vistos como elementos constitutivos de las memorias de la violencia en los pueblos ayacuchanos de Sarhua y Uchuraccay. Ambos autores se inspiran en la idea de «secreto público», desarrollada por Michael Taussig, que la define como «un modo de decir la verdad». El secreto público se forja en la tensión entre la disimulación y la revelación, para permitir «revelaciones expertas de ocultamientos expertos». Del Pino recuerda por su parte que el secreto funciona según los códigos culturales y normativos internos del grupo: está sujeto a negociación hasta que se alcance un consenso mínimo de la comunidad. Cuando las personas concernidas saben lo que está permitido y lo que no está permitido contar, a quién, cuándo y dónde, entonces se puede hablar de secretos públicos. El valor de estos secretos y de la preservación de su contenido radica en que contienen unas historias y unas verdades que pueden poner en peligro al conjunto de la comunidad. En ese sentido, González estima que la existencia de este tipo de secreto público conduce a la persistencia y consolidación de memorias traumáticas y contenciosas, que esperan el momento en que pueda cometerse el acto transgresivo de la revelación. La fuerza del secreto radica en el interés común que implica su preservación y en la importancia del colectivo que moviliza.

En el caso de la comunidad campesina de Ocros, donde realicé investigaciones etnográficas del 2004 hasta el 2012, lo que está en juego en el mantenimiento de estos secretos públicos es, en particular, el acceso y el reconocimiento de la condición de víctima de sus habitantes y del distrito en general en el contexto de implementación de políticas de reparaciones a las víctimas. Sin embargo, pude acceder a algunos de los secretos relacionados con el conflicto armado, a priori indecibles en la esfera pública local. Su revelación siempre se hizo a través de individuos singulares y/o en contextos muy específicos que ilustran, a su manera, el modo de funcionamiento de los secretos públicos. Sin embargo, como precisa González (2011, p. 9), el interés del antropólogo en entender el develamiento de estos secretos no consiste solo en identificar los eventos que se recuerdan y los que se olvidan. Se trata más bien de discernir cómo es que estos eventos son rememorados y olvidados, y cuál es el sentido que les atribuye la gente. Por lo tanto, es crucial contextualizar este discurso para comprender por qué el develamiento se produce cuando esto sucede.

Antes de llevar a cabo mi investigación de archivo sobre el conflicto armado en Ocros y la historia local que la precedió, mi conocimiento inicial de estos acontecimientos —desde la llegada de Sendero Luminoso a la formación de la ronda campesina y las complejas causas del desarrollo de la violencia que azotó a esta región— fue posible gracias a las conversaciones que mantuve con personas que habían emigrado de Ocros y profesores que trabajan en este distrito. Los primeros vivían en la ciudad y regresaban de vez en cuando para pasar las vacaciones o para atender asuntos familiares o de tierras. No se sentían amenazados por la evocación del conflicto armado y no tenían dificultades para hablar de ciertos acontecimientos sombríos, a diferencia de las personas que vivían allí y que estaban atrapadas en las redes y las lógicas sociales propias de la vida local. Los segundos vivían en el lugar, pero generalmente no eran nativos de la zona. En su mayoría, estaban destinados a irse después de unos pocos años y, por lo tanto, no les preocupaban los problemas de la comunidad que rodean a estos secretos. Esto les permitía distanciarse y recordar con cierto desapego episodios de la guerra que los habitantes debían callar. A través de estas dos categorías de personas, en entrevistas realizadas a veces fuera del distrito, en las ciudades de Ayacucho e incluso en Lima, accedí por primera vez al contenido de secretos que antes eran inaccesibles para mí en el espacio público de Ocros. Otra ventana al pasado y la violencia se abrió, dejando ver algunas de las «verdades ocultas» del conflicto. A través de estas memorias, que llamaré «fuera de juego» por consistir en producciones discursivas que no ponen a los actores sociales que las revelan en situación de peligro, dándoles una soltura especial para evocarlas, la caja de Pandora de los secretos de guerra en Ocros se abrió gradualmente.

 

Secreto 1 - Ocros: Comité Popular de Sendero Luminoso

Revelación 1 - Recuerdos del «fuera de juego»: emigrantes y maestros

Evocaré aquí el primer secreto relacionado al hecho de que, antes de aliarse con los militares y conformar una de las rondas campesinas antisubversivas más renombradas de la región, Ocros se comprometió y colaboró con los emisarios de Sendero Luminoso, llegando incluso a conformarse en un comité popular de la guerrilla durante unos meses, como ocurrió en tantas otras comunidades rurales de la sierra ayacuchana que, luego de un tiempo, acabaron rompiendo con la guerrilla maoísta.

Un elemento que me ha interpelado, desde el comienzo de mis investigaciones en Ocros, es el error casi sistemático aludido en las entrevistas sobre el año de las masacres de Cceraocro. Perpetradas en febrero y luego en junio de 1984, muchos de mis interlocutores mencionaban 1983, fecha que también se señala en la canción de carnaval. Por lo tanto, los años 1983 y 1984 se intercambiaban a menudo en la memoria de los testigos y de los narradores de las masacres. Sin embargo, encima de la plaza Cceraocro, las dos cruces colocadas sobre la fosa que contenía los cuerpos de los asesinados por Sendero Luminoso indicaban claramente que la masacre tuvo lugar en 1984. Esta vacilación, o incluso esta alternancia regular entre 1983 y 1984, se encuentra también en muchos de los testimonios recogidos por la CVR. Un colega con el que lo conversé me aconsejó que no me detuviera en este detalle, argumentando que la fuerza de la tradición oral de las poblaciones rurales era una posible fuente de error en cuanto a la fecha precisa de las masacres. Pero este malentendido era casi sistemático. Además, no hablaban de 1982 o 1985, sino siempre de 1983.

La cuestión de estos «errores» fácticos debía considerarse de una manera diferente. El objetivo no debía ser intentar «corregirlos» para restablecer la verdadera temporalidad de los acontecimientos. Ante la recurrencia del desplazamiento cronológico de las masacres de Cceraocro, parecía relevante cuestionar esta discrepancia entre los hechos históricos y la memoria. Debía haber un significado en lo que parecía ser una equivocación compartida colectivamente. Siguiendo las reflexiones de Alessandro Portelli (1991), no se trataba de considerar estos «errores» como unas «memorias incorrectas», reveladoras de la falta de fiabilidad de las fuentes orales en relación con las reconstrucciones históricas serias, basadas en un trabajo de indagación de archivos. Quise centrarme en el significado de estas «verdades subjetivas» (el «corazón humano») de los acontecimientos pasados para entender la experiencia de violencia vivida por estas personas. ¿Qué importancia podría haber tenido 1983 en esta región? En efecto, ese año no era como cualquier otro, y en más de un sentido, coincidió con un viraje crucial en el curso de la guerra que llevaría a las numerosas masacres de 1984 en el distrito de Ocros. El efecto dominó del ciclo de violencia que cayó sobre la región, que opuso a los partidarios de Sendero Luminoso con los del ejército, comenzó, de hecho, entre los meses de febrero-marzo de 1983.

La apropiación de la categoría de víctima y la recuperación del marco narrativo estereotipado de los testimonios sobre la guerra pasan especialmente por la negación de cualquier compromiso pasado, pasivo o activo, con Sendero Luminoso, cuyo objetivo es borrar el estigma asociado a este. De hecho, cualquier alianza, aunque haya sido temporal, con los subversivos se percibe como un acto de colaboración con el «terrorismo», lo que es absolutamente injustificable. De otra parte, esta es la razón por la cual el retrato del senderista como el «Otro», irreconocible en los relatos que evocan su llegada, no solo pretendía distinguirse de Sendero Luminoso sino buscaba exteriorizar completamente a este «enemigo» (Del Pino, 2017).

Sin embargo, Rosa, que llevaba años viviendo en Lima y que había vuelto a Ocros por unos días, me dijo en un tono casi indiferente: «¡Pero si todos hemos sido de Sendero aquí!». Esto es también lo que me expresó el profesor Oronccoy, maestro de una comunidad vecina de Cceraocro, cuando lo encontré un día en la combi que nos llevaba a la ciudad de Ayacucho: «Le voy a decir con toda sinceridad que Ocros fue una comunidad donde Sendero Luminoso tenía muchísima aceptación».

La mención de la presencia local y temprana de Sendero Luminoso en Ocros, antes de la creación de la ronda campesina, se ha producido a menudo en paralelo a la denuncia de la antigua identidad senderista de un individuo particular: el «Lagarto», quien lideró la ronda campesina de Ocros hasta el 2000. Esta imputación recurrente, que rompía el mito del héroe rondero e idealizado que este personaje fomenta, tuvo lugar en el contexto de la malversación de fondos públicos de la que se le acusó en 2004, durante su mandato como alcalde de Ocros. La población sintió entonces una profunda decepción y un fuerte sentimiento de traición. En efecto, el Lagarto siempre había gozado del apoyo indefectible de los dirigentes campesinos locales que lo habían encubierto, mientras se le acusaba de violaciones de los derechos humanos como jefe rondero. En 1999, había obtenido el testimonio a su favor de las autoridades políticas de varias comunidades del distrito, después de haber sido encarcelado por la desaparición forzada de docenas de campesinos de las comunidades colindantes de Manzanayocc y Uchuymarca en julio de 1984. Estos testimonios fueron elementos clave del rápido y positivo resultado de su juicio, que se cerró después de seis meses, sobre la base de la «prescripción», pero que muchos pobladores consideran que está vinculado a los estrechos vínculos con la jerarquía militar, y a la corrupción de los jueces. Cuando llegué a Ocros la fidelidad hacia el Lagarto estaba resquebrajándose. Era posible mencionar este secreto a voces. Su capital social y simbólico, basado principalmente en sus estrechas relaciones con el ejército, había disminuido desde principios de los años 2000, tras el desmantelamiento de la base militar de Ocros y el debilitamiento de la militarización de la vida cotidiana en el nuevo marco del postconflicto. El Lagarto —cuyo oportunismo político puede verse en sus sistemáticos reacomodos, dependiendo de quién tuviera el poder en el lugar— fue acusado de haberse unido a las filas de Sendero Luminoso hasta 1982, cuando fue presuntamente capturado por un destacamento policial de los Sinchis. Estos últimos lo habrían dejado vivo al precio de su «conversión», es decir, su ayuda activa para aplastar a Sendero Luminoso y denunciar a sus responsables locales. Veamos precisamente cómo el grupo subversivo logró imponer su presencia localmente.

Regreso a los orígenes de la guerra en Ocros (1975-1983)

Los primeros indicios de la presencia de Sendero Luminoso en Ocros se remontan a la segunda mitad de la década de 1970. Incluso antes de que comenzara la lucha armada, cuando unos estudiantes de Ayacucho, vestidos totalmente de negro, acudieron en varias ocasiones a la plaza principal del pueblo para representar obras cortas de su «teatro silencioso». Los pobladores, curiosos, pero algo desconcertados, «no entendían mucho de este extraño espectáculo», recuerda Alicia, que asistió a estas representaciones y que ahora vive en la ciudad de Ayacucho desde hace casi treinta años. Estas escenas representadas en la plaza pública se inspiraban en el teatro de sombras utilizado en China por los maoístas para llevar a cabo su trabajo de propaganda en el campo, y que los discípulos de Víctor Závala Cataño y de su «teatro campesino» difundieron en los Andes. A partir de 1975, año en que se fundó el Colegio Mariscal Andrés Avelino Cáceres, los profesores enviados a Ocros, formados en la Facultad de Educación, fueron actores clave del trabajo de adoctrinamiento inicial de Sendero Luminoso. Sus partidarios locales más activos fueron principalmente adolescentes, estudiantes de secundaria.

Una vez iniciada la lucha armada, la presencia militarizada y los asesinatos selectivos de Sendero Luminoso se multiplicaron a partir de 1982. Los principales objetivos fueron las autoridades políticas y los comerciantes, a menudo vinculados a los hacendados o conocidos por los abusos cometidos contra la población campesina. En marzo de ese año, el puesto policial de la Guardia Civil en Ocros fue abandonado.2 El 16 de julio una columna senderista saqueó la tienda de Germán Cabral, alcalde del partido gobernante de Acción Popular y principal comerciante mayorista de Ocros, cuyos bienes fueron distribuidos a la población llamada a asistir al operativo. Ese mismo día, Sendero Luminoso quemó la oficina de correos y el local municipal.

A partir de diciembre de 1982, la influencia senderista se hizo cada vez más visible. Ocros se convirtió en una «zona liberada» después de la voladura de dos puentes, que dejaron el distrito totalmente aislado del resto del país durante varios días. Primero volaron el puente de Toccto, que une Ocros con Ayacucho, y luego fue el turno del puente sobre el río Pampas, que une Ayacucho con Andahuaylas y Cusco, volado el 9 de diciembre.3 El 15 de diciembre, Sendero Luminoso organizó la ocupación de la exhacienda Ninabamba, que había pertenecido a la poderosa familia Parodi. Como resultado de la Reforma Agraria, esta propiedad se había convertido en una empresa asociativa agrícola estatal llamada «SAIS Huamanga» en 1975. Pero esta colectivización de la tierra pronto fracasó. Ya en 1978, los ocrinos querían que se desmantelara y que se redistribuyera en parcelas entre las familias que trabajaban la tierra. Por eso, Sendero Luminoso utilizó esta tensión con el Estado peruano y el sentimiento campesino de que la SAIS solo perpetuaba la explotación de los campesinos como en la época de los abusivos gamonales, llevando a cabo esta operación crucial.4

Cientos de campesinos procedentes del norte del distrito de Ocros (Cceraocro, Llaccola, Cusi, Ibias, etc.) se desplazaron a Ninabamba con sus familias, sus cacerolas para las mujeres y sus instrumentos de trabajo agrícolas para los hombres. Labraron y sembraron unas cuantas parcelas en un acto simbólico de recuperación de la tierra de la hacienda. A la llegada de la policía, que había sido advertida, todos huyeron dispersándose, siendo los líderes senderistas los primeros en escaparse. Este episodio ciertamente representó el clímax de la colaboración con Sendero Luminoso. Así, durante varias semanas, entre fines de 1982 y febrero de 1983, el pueblo de Ocros fue, en el lenguaje de Sendero Luminoso, un «Comité Popular Abierto», donde la organización de la vida cotidiana estaba supervisada y controlada por el Partido. La presencia del Estado había sido virtualmente eliminada. Cada barrio tenía sus «comisarios». Las asambleas se celebraban en la plaza principal y las banderas con hoz y martillo se izaban en las torres de la iglesia. La chacra usufructuada por la parroquia de Ocros fue requisada y empezó a cultivarse entonces para alimentar al Ejército Guerrillero Popular (EGP), como «compensación» por la lucha armada.5 Se implementó el «levantamiento de cosechas» obligatorio: se impuso la producción agrícola controlada y esta debía servir solo para el autoconsumo y el pago del «impuesto revolucionario». El comercio quedó prohibido.6

Pero rápidamente la colaboración con Sendero Luminoso alcanzó sus límites y el descontento popular creció debido a las medidas autoritarias que restringían el movimiento y bloqueaban el acceso a los mercados, en aplicación de la doctrina maoísta de cercar las ciudades desde el campo haciéndolas pasar hambre. Además, el último año agrícola había sido un desastre. El fenómeno meteorológico de «El Niño», que perturba de forma cíclica el clima peruano, trajo sequía a la región y la plaga de langostas acabó destruyendo los escasos cultivos que subsistieron. La autarquía exigida por Sendero Luminoso, principalmente en sus relaciones con el Estado, impidió a Ocros utilizar eficazmente a las autoridades competentes para solicitar la asistencia del gobierno. La hambruna amenazaba. La confianza y esperanza iniciales de la población en Sendero Luminoso se fueron deteriorando velozmente.

Finalmente, se produjo la ruptura. A principios de 1983, después de haber escapado por poco de un «juicio popular» senderista que lo iba a condenar a una muerte segura, Gregorio Huamaní,7 quien se había opuesto repetidamente a los senderistas, decidió organizar a los campesinos de la zona para expulsar a Sendero Luminoso. En ese momento, Huamaní era un líder político local y una figura importante en la vida de Ocros. Durante el proceso de la Reforma Agraria, implementada en la década de 1970, dirigió con éxito las luchas campesinas para recuperar, en beneficio de la comunidad de Ocros, las tierras de las haciendas del distrito. Así pues, inició y siguió varios procesos de «recuperación de tierras», especialmente contra la poderosa familia Parodi, que desde entonces perdió casi todas sus propiedades.

En vista de la inminente llegada de los militares,8 en febrero de 1983 Huamaní convocó una reunión secreta con algunos campesinos de confianza para tomar medidas. Luego, llamaron con urgencia a la población del distrito que pudieron advertir, y realizaron una asamblea extraordinaria que, celebrada en la plaza del pueblo, confirmó la decisión colectiva de expulsar de Ocros a Sendero Luminoso.9 Este es el nacimiento del «Frente Patriótico» dirigido por Gregorio Huamaní, que tomó el apodo de El Zorro. En esta ocasión, Huamaní fue elegido para un nuevo mandato como presidente de la comunidad de Ocros.10 Pronto, Benito Quispe, el futuro Lagarto, asumió la codirección de este Frente. Unos días más tarde, mientras celebraban el carnaval, los pobladores de Cceraocro se rebelaron contra Sendero Luminoso, que había venido en busca de nuevos reclutas. Expulsaron a estos militantes de la comunidad, quienes abandonaron el caserío jurando venganza por este acto de traición.

La decisión ocrina de cambiar la estrategia política global era concordante con la llegada regular de los militares al distrito. En abril de 1983, aprovechando el fin de la temporada de lluvias, el general Clemente Noel, jefe político-militar de Ayacucho en 1983, inició su ofensiva hacia el «Frente Sur», lo que incluía a Ocros, que representaba la principal zona de desarrollo de Sendero Luminoso, calificada por ellos como su «Comité Principal Regional». En las semanas siguientes, miles de soldados enviados al campo desembarcaron en los pueblos de los que se sospechaba eran cómplices de los senderistas. En los comunicados de prensa de los militares se mencionan varios ataques armados y la eliminación de cientos de «delincuentes terroristas».11

En este contexto, Ocros constituyó uno de los pocos pueblos que escapó a la feroz, masiva e indiscriminada represión militar. Ocros se convirtió más bien en el lugar a partir del cual las fuerzas armadas llevaron a cabo sus primeras acciones de penetración interna, apoyándose en el naciente Frente Patriótico.12 El propio general Noel subrayó la excepción de este pueblo en el paisaje regional: «por iniciativa propia, sus habitantes restablecen las autoridades, izan la bandera nacional y desfilan en un acto de desagravio a los símbolos nacionales».13 De abril a diciembre de 1983, los militares hicieron frecuentes incursiones, pero solo de paso, ya que aún no se había establecido de manera definitiva y oficial ninguna base militar en Ocros. Este fue también el comienzo de las primeras delaciones dentro del distrito. Los servicios de inteligencia, militares y policiales, empezaron a capturar pobladores de las distintas localidades del distrito, algunos de los cuales no reaparecieron nunca.

Las represalias de Sendero Luminoso no se hicieron esperar. Ccohuisa, una comunidad estrechamente vinculada a Cceraocro y Ocros, se unió al Frente Patriótico. A partir de entonces esta comunidad se negó a seguir las instrucciones de los senderistas. En 1983 se produjeron allí varias masacres de castigo por haberse unido a la ronda de Ocros. El 20 de abril, dieciocho campesinos acusados de colaborar con los soldados fueron asesinados.14 Al día siguiente, los soldados de Ayacucho llegaron en helicóptero para perseguir a los sediciosos, usando a Ocros como base a partir de la cual armar la batida.15 Entre el 20 de mayo y el 1 de noviembre, Ccohuisa sufrió tres ataques de Sendero Luminoso: once campesinos fueron asesinados.16 A finales de año, entre octubre y diciembre de 1983, el cuartel de las fuerzas policiales especializadas en la lucha antisubversiva en Ocros fue atacado y Sendero Luminoso se llevó setenta y tres ametralladoras y otras armas el 17 de octubre (CVR, 2003, t. 5, cap. 2. 1).

De este modo, 1983 marcó indudablemente el comienzo de la guerra en el plano militar y de la escalada de la violencia generalizada que caracterizaría la vida ordinaria de Ocros hasta los años 90. Si las masacres de Cceraocro tuvieron lugar en 1984, el origen de las desgracias que cayeron sobre la región se remonta a 1983: amenaza de hambruna, año agrícola catastrófico, aumento de la violencia con la llegada de las tropas del ejército y el volteo de las comunidades organizadas en comités de autodefensa con lo que se selló la ruptura con Sendero Luminoso. Este último comienza entonces su campaña de «contra-restablecimiento», enfrentando a estos campesinos que se habían convertido en «enemigos del pueblo» y debían ser eliminados. Este es el motivo de orden político detrás de la serie de masacres perpetradas en 1984 en el distrito de Ocros.

 

Secreto 2 - La desaparición de Luis Carranza y la fosa común oculta

Develamiento 2 - El Programa Juntos y la reactivación de los conflictos de tierras

Otras revelaciones sobre secretos internos relacionados con el conflicto armado también ocurrieron, parcial e indirectamente, durante mis estancias en Ocros. Para mi sorpresa inicial, tuvieron lugar en el espacio público, durante una crisis que no parecía tener relación alguna con la guerra. Los recuerdos dolorosos de la violencia pasada resurgieron. Salieron a la luz episodios que no habían aparecido en mis entrevistas sobre este tema, o que incluso habían sido ocultados en los testimonios proporcionados a la CVR. Este fue otro camino de acceso hacia los secretos de la guerra que surgió gradualmente y que quisiera retomar aquí. El segundo secreto al que me referiré aquí atañe a la dimensión fratricida del conflicto a nivel regional, al ocultamiento de varias fosas comunes y a la desaparición de decenas de habitantes oriundos de la provincia vecina de Luis Carranza-Pampas, con la cual existían conflictos agrarios y de linderos intercomunitarios muy anteriores al conflicto armado, que se remontaban a la primera mitad del siglo XX.

Ocros, jueves 10 de agosto de 2006. Cientos de personas venidas desde las comunidades vecinas estaban reunidas esperando en la plaza municipal del pueblo. Esa mañana, el sol se acercaba a su cenit cuando llegaron los enviados del Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH), precedidos por el camión blindado del Banco de la Nación. Venían para inaugurar un nuevo «programa nacional de apoyo directo a los más pobres», Juntos. La ayuda que se iba a prestar consistía en una suma de cien soles, que se entregaría mensualmente a cada madre, cuyo nivel de vida estuviera por debajo del umbral de pobreza, es decir, casi toda la población campesina del distrito. Después del discurso oficial de las autoridades, y cuando la distribución estaba a punto de comenzar, se levantaron voces para protestar contra el hecho de que algunas comunidades remotas estuvieran excluidas de esta ayuda y ni siquiera hubieran sido incluidas en la lista del presupuesto global asignado al distrito de Ocros.

Desde hace varios días, muchas familias se habían dado cuenta de que estaban en riesgo de no recibir este dinero. Los funcionarios consultaron sus computadoras portátiles buscando una solución al problema. Como el dinero estaba destinado a todas las comunidades de esta región, todos deberían tener acceso a él. El detalle, afirmaron luego de un momento, es que la población tendría que ir al lugar apropiado para recibir el dinero. Y es en Pampas —capital del distrito limítrofe de Luis Carranza en la vecina provincia de La Mar— donde estaba prevista la distribución a estas familias de las comunidades y caseríos de Pata Pata, Ccollay, Rimaymarca, Rosaspampa, Paccaypampa, siempre y cuando estuvieran realmente registradas en Pampas-Luis Carranza. Y ahí estaba precisamente el problema. La protesta se redobló con este anuncio, que confirmaba el temor inicial. Las autoridades políticas locales intentaron calmar a la población y al mismo tiempo trataban de convencer a los representantes del Estado de que tal propuesta era impensable para estos habitantes que vivían en el distrito de Ocros. Debía haber ocurrido un error en la asignación de dinero de estos pueblos al distrito vecino, argumentaban. Imposible, replicaron los funcionarios, perplejos por esta agitación que era, a su juicio, injustificada y absurda. Después de todo, no importaba dónde se distribuyera el dinero. Especialmente porque la distancia entre las comunidades en cuestión y Pampas era más corta que la distancia a Ocros, apuntaron con supuesto pragmatismo. Al final, el dinero les esperaba allí. Por lo tanto, la población debería sentirse satisfecha de recibir ayuda del Estado en lugar de quejarse. El tema estaba cerrado para los agentes estatales. Los campesinos tendrían que cumplir con las reglas establecidas. Como ha señalado Didier Fassin (2017), la aplicación del «gobierno humanitario» en el espacio público significa que la compasión se ejerce siempre desde los más poderosos hasta los más vulnerables, y «los que son objeto de la atención humanitaria saben muy bien que se espera de ellos la humildad de los obligados en lugar de la legítima reivindicación de un ciudadano que hace valer sus derechos». Por lo tanto, que los «obligados» de Ocros protesten es un comportamiento que estos funcionarios juzgaron inaceptable.

Después de la partida de los empleados del ministerio, la ira creció y se soltaron las lenguas en medio de las discusiones que continuaron en la plaza. Las comunidades en cuestión son ocrinas (de Ocros), insistían varias personas, y era inaceptable que un día vayan a formar parte de Pampas-Luis Carranza. Sus sospechas sobre este tema estaban corroboradas por el chantaje ejercido por las autoridades de Pampas. Estos últimos habían advertido a los habitantes de los anexos de Ocros que el dinero del programa Juntos les sería entregado con una condición: que acepten la sustitución del distrito al que pertenecía su comunidad, en sus documentos oficiales, es decir, que pusieran Luis Carranza, La Mar, en vez de Ocros, Huamanga. Fue entonces cuando algunas personas recordaron que en estas comunidades del norte de Ocros, los hogares que perdieron miembros de su familia, durante la guerra, nunca aceptarían integrarse en este distrito o trasladarse a Pampas, donde aún viven los que mataron a sus parientes y amigos.

Confieso que me costó trabajo comprender de inmediato la naturaleza de las cuestiones planteadas en aquel momento, así como el vínculo entre el otorgamiento de ayudas estatales, la importancia emocional que se atribuía al registro administrativo de estas comunidades fronterizas en tal o cual distrito y las muertes del conflicto armado. Fue necesario que previamente entendiera la relación entre estos vecinos para percibir cómo la intervención del Estado en 2006 había reactivado involuntariamente viejos conflictos y, sobre todo, cómo se había revitalizado el recuerdo de la guerra en esta historia local, claramente compleja y turbulenta. En ese momento, el principal reto del distrito de Luis Carranza era captar a su seno a la población que vivía cerca del distrito de Pampas, pues aumentar su población le permitiría beneficiarse de una mayor financiación del Estado. Pero este deseo de recuperar las comunidades en la frontera entre Pampas-Luis Carranza y Ocros en realidad era la prolongación de una larga historia de rivalidad por la ubicación de los límites territoriales que separan a estas dos comunidades campesinas vecinas (Ocros y Pampas), que son también dos capitales de distritos diferentes (Ocros y Luis Carranza) y que pertenecen a distintas provincias (Huamanga y La Mar).

Del conflicto de tierras entre Ocros y Pampas a la guerra fratricida

El conflicto por la tierra entre estos vecinos —que corresponde a una extensión de unas 1,875 hectáreas— se remonta al menos a 1944. Esta es la fecha de las primeras medidas tomadas por las autoridades de Ocros para el reconocimiento legal de su comunidad, lo que implicó la delimitación precisa de sus fronteras. Sin embargo, los lugares declarados por Ocros fueron inmediatamente impugnados por los personeros de Pampas, quienes a su vez emprendieron el camino del registro oficial de su comunidad. En 1946 se inició el primer juicio, que durante un cuarto de siglo opuso a los personeros de las dos comunidades, Ocros y Pampas, en el plano judicial. En los años siguientes, la multiplicación de apelaciones y demandas ante diversas jurisdicciones (Juzgados de Primera Instancia, Juzgados Agrarios, Dirección de Asuntos Indígenas, Corte Suprema de Lima, etc.) dio lugar a sentencias contradictorias. El territorio en disputa era a veces asignado a Ocros y otras veces a Pampas.17

Entre las tierras más codiciadas en querella estaban las que se encuentran a orillas del río Pampas que separa los departamentos de Ayacucho y Apurímac, en localidades de este fértil valle (a unos 1,800-2,200 metros sobre el nivel del mar), donde se cultiva una variada gama de frutas y verduras tropicales. La ocupación estacional de estas áreas tiene lugar durante la temporada de lluvias. La población, que vive la mayor parte del año en las tierras altas donde se cultivan el maíz y sobre todo los tubérculos y donde pasta el ganado, se traslada al valle durante unos meses, normalmente entre enero y marzo, lo que también corresponde a las grandes vacaciones escolares. De acuerdo a la explotación agrícola vertical andina de los diferentes pisos ecológicos, los campesinos de esta región tienen el usufructo de parcelas de tierra entre 1,800 y 4,200 metros sobre el nivel del mar. Así pues, disfrutan de una agricultura de producción de alimentos diversificada. Sin embargo, esta zona sufre un aislamiento considerable. La lejanía geográfica del pueblo de Ocros y del acceso a las primeras vías carrozables, situadas a varios días de camino, limitan considerablemente la salida de la producción local y las posibilidades de su posterior comercialización.

Esto explica por qué este valle fue a veces descuidado por los pobladores de Ocros en el transcurso del siglo XX, como reconocen los propios ocrinos (Cisneros, 2009), especialmente cuando los productos agrícolas obtenidos cerca de su residencia principal eran suficientes para evitar la costosa explotación comercial de las parcelas del valle. Por el contrario, para los pobladores de Pampas-Luis Carranza, que están físicamente más cerca de este valle, la presencia esporádica de los habitantes de Ocros les permitió asentarse allí de forma permanente con fines de subsistencia. La mayoría de las veces esto no planteaba mayores problemas con los ocrinos. Sin embargo, por momentos el conflicto se reactivaba, tanto judicialmente como a través de la invasión de tierras ocupadas. En tiempos de sequía o de un mal año agrícola, la presión sobre la tierra solía sentirse con más fuerza. El acceso a estas prósperas parcelas de tierra podía entonces convertirse de nuevo en una cuestión importante para la supervivencia de los habitantes de toda la zona, ya que este valle depende poco del agua de lluvia y produce varias cosechas anuales.

Además, más allá de las consideraciones de tipo económico, el apego simbólico y emocional de los ocrinos a este valle subraya hasta qué punto estas tierras forman parte del patrimonio considerado inalienable y constitutivo de la identidad de todos los pobladores de Ocros. Desde el principio me llamó la atención la forma en que estos pobladores reivindican con orgullo su condición de miembros del distrito. A primera vista, la demarcación no parece ser más que una pertenencia administrativa y artificial resultante de la división burocrática del país. Mi experiencia en los Andes de Cuzco mostraba que había una identificación colectiva con el territorio de la comunidad, que no implicaba un fuerte sentido de identificación con el distrito. En Ocros, en cambio, la fuerza de la identificación con el distrito y su territorio radica no tanto en la pertenencia a una entidad administrativa, como en el tipo de territorio que comprende —que se extiende desde el río Pampas hasta las alturas de la Puna— y en la explotación espacial discontinua y escalonada de las parcelas que incluye, recordando el modelo del «archipiélago vertical» andino basado en la explotación y la complementariedad de los diferentes pisos ecológicos.

Así, conflictos más o menos regulares por las tierras en disputa solían estallar entre Ocros y Pampas-Luis Carranza desde la década de 1940 hasta la actualidad. Con el paso del tiempo, la oposición entre estos vecinos y sus métodos de confrontación se hizo casi habitual: paralelamente a los procedimientos legalistas y al recurso a las instituciones judiciales, las parcelas de tierra —que cada parte reclamaba como su propiedad legítima— eran ocupadas físicamente y los bienes de sus rivales destruidos: chozas, muros fronterizos, plantaciones y sembríos. Estas acciones a menudo resultaban en violentas peleas y personas heridas. En 1945, un grupo de ocrinos, liderado por sus personeros, invadió las codiciadas parcelas e incendió varias casas de los pampinos. Una persona murió y uno de los personeros de Ocros fue inculpado de esto. Encarcelado durante varios meses, no dejó de reclamar su inocencia y de denunciar la manipulación de las autoridades pampinas para acusarlo (Bonilla, 1989, p. 23).

En el contexto de la guerra, con el regreso de los pobladores de Ocros, quienes se habían pasado al campo de los militares a principios de 1983 —fenómeno que sucedería más tarde en Pampas-Luis Carranza—, el conflicto de tierras se reactivó y se politizó. A finales de 1983, la tensa situación se acentuó por los catastróficos rendimientos agrícolas de los meses transcurridos y el riesgo de hambruna ya mencionado. En este contexto, ocurrió la primera de la serie de masacres que golpearon el distrito de Ocros en 1984. Y el macabro escenario se situó, no sin sorpresa, precisamente en la zona en litigio entre estas dos comunidades vecinas, en la frontera de Pampas con Luis Carranza.

En la noche del 17 al 18 de enero de 1984, un grupo armado de Sendero Luminoso entró en los anexos de la comunidad de Ccollay, en el corazón del valle tropical. Capturaron a varias personas y las encerraron en la capilla de Alfapampa. Por la mañana los sacaron uno por uno y los degollaron durante un «juicio popular». Unos cuantos senderistas marcharon hacia Paccaypampa y masacraron a una familia a la que habían ido a buscar a su domicilio en Moyocc-Seccetuna, cerca del río. Durante esta incursión nocturna, un total de veinticinco personas fueron asesinadas, varias otras resultaron gravemente heridas y un centenar de casas fueron quemadas. Lo que quedó fue saqueado y todo el ganado robado. Los senderistas pasaron el día siguiente en Paccaypampa, donde se dieron un festín con los animales atrapados, cocinándolos y tomándose su tiempo. Por la tarde, se pusieron en marcha de nuevo, dejando tras ellos el valle sembrado de cadáveres y a los raros supervivientes en un estado lamentable.

La familia Molina fue aniquilada en Moyocc-Seccetuna. Clemente Molina (80 años), su hijo Valentín Molina (44 años), su hija Lucila Molina (30 años) y su nuera Catalina Libertad (35 años) fueron asesinados a sangre fría en presencia de los cinco hijos del matrimonio Molina Libertad. Solo estos últimos se salvaron «por un milagro», precisa el hijo mayor Anselmo, que entonces tenía 13 años. La más pequeña, de apenas un año, seguía lactando. Anselmo relató con un pudor conmovedor el asesinato de su padre, madre, tía y abuelo ante sus ojos. En su testimonio recalcaba que hubo la voluntad explícita de infligir sufrimiento, reivindicada por los senderistas que torturaron a su familia. El encarnizamiento cruel con el que su abuelo fue martirizado es particularmente evidente en la descripción de esta escena de terror. Clemente Molina, en efecto, fue atormentado larga y deliberadamente con cuchillos, de modo que no muriera inmediatamente, antes de ser «acabado como un animal», recuerda Anselmo: «Mi abuelo, seguía sufriendo, no podía morir. Le metieron cuchillo por todos los lados, mi abuelo murió muy difícil».18

¿Quiénes eran entonces los Molina y por qué tal ferocidad presidió su ejecución? En el momento de los hechos, Valentín Molina era una autoridad política local, un agente del Estado peruano (teniente gobernador), lo que podría explicar por qué era un blanco ideal de Sendero Luminoso, que quería dar a los ocrinos una lección ejemplar por su traición. En realidad, el asesinato de los Molina, padre e hijo, interpela especialmente debido a la singularidad del rol que estos dos hombres habían jugado en la vida del distrito de Ocros. Desde el decenio de 1940, esta familia había asumido cargos de responsabilidad política, como alcaldes y personeros de la comunidad Ocros. Por lo tanto, habían sido protagonistas esenciales en la lucha con la comunidad vecina de Pampas por la recuperación de las tierras fronterizas en disputa. Uno de los personeros de Ocros que inició el juicio contra Pampas en 1944 fue precisamente Clemente Molina. También fue encarcelado por el asesinato de un campesino de Pampas en 1945, que he mencionado anteriormente. Por otra parte, los pampinos se habían sentido timados por Clemente Molina. Durante el juicio de 1946, el personero de Pampas recordó que, en 1941, antes de que empezara el conflicto, la comunidad le había cedido una parcela de tierra de una hectárea, libre de alquiler, en la zona de Seccetuna, a cambio de la asistencia que se había comprometido a prestar. En lugar de eso, los pampinos afirmaban que Molina habría incitado a los pobladores de Ocros a invadir la mitad del territorio de Pampas (Bonilla, 1989, p. 23).

A partir de la década de 1960, Valentín Molina continuó la lucha por la tierra que había liderado su padre. Después de veinticinco años de costosos litigios, el 25 de mayo de 1970, Ocros ganó en el Tribunal de Tierras de Ayacucho el último juicio emprendido antes de la guerra contra la comunidad vecina de Pampas. Esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Agrario de Lima el 23 de septiembre de 1970. El personero de Ocros en ese momento no era otro que Valentín Molina, quien también fue uno de los organizadores de la recuperación de las tierras ocupadas por los pampinos. Por lo tanto, los que habitaban el valle tropical del río Pampas (Paccaypampa, Rosaspampa, Alfapampa, Seccetuna, Moyocc) fueron expulsados de las parcelas que Ocros había recuperado por vía legal. Como parte de la redistribución de tierras entre ocrinos, Valentín Molina recobró una parcela de tierra en Moyocc-Seccetuna, propiedad de su padre desde 1941, donde se instalaría con su familia durante la temporada de lluvias. Como hemos visto, estos anexos constituyen el corazón de la preciada tierra fértil del territorio en disputa con los rivales de Pampas. Los habitantes de Pampas que vivían allí lo perdieron todo en la década de 1970. Su hostilidad hacia Ocros, y especialmente hacia los Molina, no era fortuita, y explica la elección de esta familia como blanco de represalias de los senderistas vinculados con Luis Carranza y del hecho de que este valle fuera elegido para iniciar la política de «contra-establecimiento» de Sendero Luminoso, destinada a domesticar a estos «perros de los militares» (militarpa allqun) ocrinos.

Quince días después de la masacre de Moyocc, ocurrió la masacre de Cceraocro. Cuando se mediatizaron estas dos masacres, el general Huamán, jefe del comando político-militar de Ayacucho, llegó a Ocros el 5 de febrero de 1984. Anunció entonces la instalación permanente de tropas del ejército en el pueblo y la creación de una base militar. En este nuevo contexto, en el que la correlación de fuerzas se inclinó en ventaja de los ocrinos aliados de las fuerzas armadas, se organizó una expedición al vecino distrito de Pampas-Luis Carranza entre el 29 de febrero y el 1 de marzo para capturar a los responsables de las recientes masacres. En la expedición participaron soldados de la nueva base militar de Ocros, acompañados por decenas de hombres del Frente Patriótico, encabezados por el Lagarto.

Se dirigieron hacia Pampas-Luis Carranza caminando, bajaron por la zona en disputa hasta el valle del río Pampas antes de volver a subir a las alturas, pasando por Mayabamba y Cceraocro para volver a bajar a Ocros. Un total de treinta y cinco personas fueron arrestadas y tomadas por la fuerza. El destino final era la base militar de Ocros, donde se interrogaría a los sospechosos. Pero como los hombres habían huido cuando llegaron los ronderos, estos detuvieron a todos los que encontraron en el lugar: ancianos, mujeres y niños. Durante el viaje, los más débiles se quejaban de que no podían caminar porque a la mayoría les habían quitado los zapatos. Entre ellas se encontraba Victoria Torres Luque, una joven embarazada de ocho meses que apenas podía avanzar debido a los malos tratos recibidos. Al pasar por la aldea de Mayabamba, rogó a los pobladores que conocía que se quedaran con su hijo de cuatro años. Por miedo, nadie se atrevió a tomarlo.19 Debido a los golpes infligidos por los soldados, le sobrevinieron violentos dolores en el vientre. Estaba a punto de dar a luz.20 La caravana acababa de llegar a Cceraocro. Es allí donde Victoria Torres Luque fue ejecutada a balazos, junto con su pequeño hijo Edwin Jerí Torres.21 Los ronderos hicieron que los pobladores de Cceraocro caven una fosa en la que se arrojaron ambos cuerpos.22 Retrasado por este episodio, el grupo pasó la noche en la comunidad de la que provenían varios ronderos. Dos prisioneros lograron escapar. Al día siguiente, los demás fueron llevados a la base militar de donde nunca salieron con vida. Hasta el día de hoy, estas treinta y una personas permanecen todavía desaparecidas. Habrían sido ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en una tumba, presumiblemente situada en el cementerio del pueblo de Ocros. Pocos días después de esta funesta expedición, los militares nombraron a Benito Quispe, alias el Lagarto, como alcalde de Ocros y en julio confirmaron a Gregorio Huamaní, alias El Zorro, como presidente de la comunidad. Estos dos jefes del Frente Patriótico se convirtieron en los todopoderosos líderes de Ocros.

Con las masacres de Moyocc y Cceraocro comenzó un ciclo infernal de expediciones punitivas, venganzas y represalias, entre los vecinos de Ocros y Pampas-Luis Carranza. Fue una espiral de violencia que parecía sin fin. En cuarenta años, de 1944 a 1984, el conflicto por la tierra había llevado a la muerte accidental de un hombre. Pero en el espacio de seis meses, de enero a junio de 1984, un centenar de personas que vivían cerca de la frontera de los dos distritos fueron masacradas o dadas por desaparecidas. Esta zona devastada estuvo casi totalmente abandonada durante meses. La propagación de la violencia no puede reducirse a una sola causa. Se explica por el complejo entrelazamiento de múltiples factores y cuestiones de orden local y nacional, individual y colectivo:

1. La guerra de guerrillas lanzada por Sendero Luminoso en el campo, seguida de la conversión como ronderos de los ocrinos y la llegada del ejército regular —que se comportaría en el lugar como un verdadero ejército de ocupación extranjera—, condujeron a una situación de «guerra de baja intensidad» dramática para la población.
2. La situación local de conflictos de tierras previa a la guerra era contenciosa. Esta disputa había quedado sin resolver, ya que la demarcación de la frontera entre Ocros y Pampas seguía estando oficialmente en litigio. La guerra acabó desregulando los métodos de resolución de las disputas locales de tierras, que, hasta entonces, pese a todo, se había autorregulado.
3. Finalmente, esta situación de tensión se vio agravada por un desastroso año agrícola que añadió más presión y sirvió de chispa.

La implicación de los campesinos civiles en este conflicto armado nos lleva a considerar la cuestión de la violencia desde un ángulo diferente al del «terrorismo» que sería, por naturaleza, ciego e incomprensible. Para entender las masacres perpetradas, debe realizarse un análisis de la violencia en contextos de guerras civiles. Sin embargo, los mecanismos de violencia «íntima», que caracterizan las guerras civiles (Kalyvas, 2010), desaparecen de las narrativas públicas sobre el conflicto armado en situaciones en que se impone el discurso normativo de la victimización. Este no solo permite retratar una imagen de víctima «inocente», alejada de toda participación en el conflicto armado, sino también evitar los posibles peligros de delación en un contexto en el que la proximidad entre verdugos y víctimas continúa después del conflicto armado. Como lo señaló Stathis Kalyvas (2001, p. 17), las personas que están dispuestas a denunciar a sus vecinos lo hacen solo si los beneficios de la denuncia superan los considerables riesgos que su acto conlleva. El principal peligro para el denunciante es el castigo futuro que podría enfrentar, especialmente en sociedades donde la visibilidad es alta y el origen de la denuncia es fácilmente identificable.

Sobre este tema, me permito unas palabras adicionales sobre el uso del discurso público y de las narraciones producidas varios años después sobre estos episodios sangrientos. En los testimonios recogidos por la CVR sobre las masacres de 1984, cuando se preguntó a los pobladores de Ocros si conocían o podían identificar a los senderistas que los atacaron, todos sin excepción respondieron que no. Como responsables colectivos, señalaron a Sendero Luminoso. En lo que respecta a la responsabilidad individual, especificaban que no pudieron identificar a nadie. Algunas declaraciones mencionaban como líderes individuales al camarada Basilio y al camarada Rocky,23 el nombre de guerra de unos líderes senderistas de la zona, sin revelar su verdadera identidad. Los otros asesinos son descritos como «desconocidos», a menudo vestidos como campesinos, pero con máscaras o capuchas que los hacían irreconocibles. En el mismo sentido, cabe señalar que los litigios sobre tierras están sistemáticamente ausentes de los testimonios proporcionados a la CVR. ¿La evocación de esta parte de la historia acaso habría impedido el reconocimiento de su condición de víctimas del conflicto armado? Del mismo modo, ¿no existía también el riesgo de que la revelación de los nombres de los individuos que estaban detrás de las masacres perpetradas en el distrito de Ocros revelara, mediante un efecto dominó, la complicidad de los ocrinos en la desaparición de muchos de los pampinos de Luis Carranza? Los que fueron víctimas de las masacres se habrían convertido a su vez en los verdugos de sus vecinos. La movilización para el reconocimiento del sufrimiento experimentado podría reducirse a nada si se revelara esta historia fratricida y si las masacres perpetradas por Sendero Luminoso en Ocros se vincularan con otros actos de violencia perpetrados en la zona contra los pobladores de Pampas-Luis Carranza.

Para Cceraocro, el principal secreto de guerra que debía permanecer herméticamente sellado se construyó alrededor de la segunda fosa situada en la comunidad. Pero esto era sin contar con las recientes campañas de exhumación emprendidas en el contexto post-CVR por el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público y, más recientemente, por la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Ministerio de Justicia. Hoy circulan rumores sobre los familiares de los desaparecidos de Luis Carranza que quisieran encontrar y exhumar la tumba en la que están enterrados Victoria Luque y su hijo —pese a que no estaba (¿aún?) registrada en el listado de fosas oficial que maneja el Estado—. Fue en este contexto que la revelación de la existencia de esta tumba tuvo lugar en mi presencia. En discusiones privadas se planteaba la amenaza que tal exhumación supondría para la comunidad. ¿No pondría la exhumación en peligro el caserío de Cceraocro al revelarse sino su responsabilidad, al menos su complicidad, en este terrible crimen? Finalmente, la fosa de Cceraocro con los cuerpos asesinados en 1984 por Sendero Luminoso fue exhumada en 2011 y los restos óseos fueron enterrados en el nuevo cementerio comunitario en 2012.

A diferencia de la antigua afiliación senderista de Ocros, que es uno de esos «secretos públicos» que los ocrinos evitan revelar a extraños pero que puede «filtrarse» en muchos contextos, el silencio sobre los conflictos de tierras y de linderos, cuando se habla de la guerra, no significa que caigan en el dominio del secreto. Sin embargo, mantener esta historia en silencio permite aislar las masacres de Sendero Luminoso de los conflictos de tierra. Sobre todo, pretende guardar mejor en las sombras un secreto mucho más importante y crucial de preservar que el primero mencionado: la complicidad, pasiva o activa, en la desaparición y supuesta ejecución extrajudicial de los habitantes de Pampas-Luis Carranza. Esto es lo que demostrarían las fosas comunes donde estarían enterrados los cuerpos de Victoria Luque y sus niños en Cceraocro, así como las de los demás habitantes de Luis Carranza, enterrados en la antigua base militar y en el cementerio del pueblo de Ocros.

 

Conclusión

En el meollo de la historia y las memorias de la guerra en el distrito de Ocros se despliegan silencios y secretos de diversos grados. Así, la antigua cercanía, incluso la afiliación de los ocrinos a Sendero Luminoso constituye un primer nivel de estos secretos de guerra. Aunque su revelación ya no represente una amenaza real hoy en día, sobre todo porque el «vuelco» de la población contra los senderistas fue temprano, se hace lo posible por ocultar este dudoso aspecto del pasado local en el contexto peruano postconflicto, donde la aplicación de las políticas de reparación para las víctimas depende de su identificación como «inocentes» y «atrapados entre dos fuegos» para poder registrarse en el Registro Único de Víctimas (RUV) y beneficiarse de las reparaciones.

Sobre todo, parece mucho más esencial, incluso vital, mantener ocultos otros secretos. La existencia de fosas comunes en Cceraocro y Ocros y la desaparición de decenas de habitantes de Pampas-Luis Carranza forman parte de un segundo nivel de secreto, cuya divulgación está sujeta a un control mucho más estricto. Así, el día en que un residente de Ocros aceptó testificar ante un juez en Ayacucho sobre la existencia de la fosa en el cementerio del pueblo, la noticia de su declaración se difundió rápidamente a Ocros, aunque se suponía que era anónima. El hombre tuvo que dejar su pueblo de manera permanente debido a las amenazas de muerte que recibió.

Paul Ricoeur (2004) señaló la doble dimensión característica de los actos conmemorativos, que revelan lo que se quiere mostrar del pasado tanto como se trata de esconder de la vista del público los acontecimientos que se busca ocultar de él. En el caso de Ocros, narrar un drama (o varios) es guardar silencio sobre otros —incluso ocultarlos—. No se trata de olvidar sino de gestionar el silencio y los secretos públicos sobre aquellos acontecimientos que no deberían entrar en la escena pública. Lo mismo ocurre con las modalidades de su posible revelación, es decir, la relación dialéctica entre lo que se mantiene oculto y lo que se revela, que atraviesa esta sociedad campesina postconflicto donde la guerra se invita a intervalos regulares, haciendo revivir así los atormentados fantasmas del pasado.

Al igual que los secretos de iniciación analizados por András Zempléni (1996), los secretos de guerra desplegados en Ocros se caracterizan por su «estructura en capas»: tras un secreto exhibido a menudo se esconde otro. Ciertos silencios e informaciones no expresadas en relación con las ejecuciones y desapariciones forzadas, perpetradas por los militares contra los campesinos, pueden, a pesar de todo y en ciertos casos, ser levantados. Es lo que se desprende de mis conversaciones con las mujeres de Cceraocro, cuando sutilmente desafiaban la memoria oficial local al referirse a los abusos del pasado, en particular a la violación de mujeres y niñas cometida por soldados o incluso por ronderos campesinos24. Sobre algunos episodios del conflicto armado, los puntos de vista divergentes tienen así la oportunidad de expresarse en la esfera semipública, aunque esto debe hacerse con tacto y discreción. También revela las divisiones internas que atraviesan la comunidad, que permiten transgredir los silencios impuestos por los detentadores masculinos del poder político local. Sin embargo, en algunos casos, el carácter hermético del secreto, basado en la prohibición de decir lo que se sabe, tiene por objeto garantizar la protección de la colectividad puesta en peligro.

En la mayor parte de los relatos de guerra, la movilización de narraciones formateadas de lo que las víctimas pueden (y deben) exhibir públicamente se ha convertido en un instrumento central en la producción de memorias oficiales de la violencia en los Andes. Este también es el caso en el distrito de Ocros. Si la condición de víctima «inocente» constituye casi la única categoría legítima que el campesinado andino tiene que aprovechar hoy en día para obtener reconocimiento, esto se logra necesariamente al precio de una despolitización del pasado, cuyo contenido debe ser neutralizado en la medida de lo posible para mostrar una imagen consensuada que borre toda la complejidad de la situación sociopolítica previa. Tomar en cuenta estos silencios secretos permite a su vez adentrarnos en las «zonas grises» (Lévi, 2005) de la guerra, fundamentales para la comprensión, para no reproducir maniqueísmos simplistas en torno a la realidad de los conflictos fratricidas.

 

Archivos

Archivo Personal de Francisco Lizana (Ocros, Ayacucho).

 

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